25 de abril de 2014

Pobladores de Celendín acusan a la fiscalía de persecución judicial contra sus dirigentes

Por: NoticiasSer
Juan Arribasplata

El día de ayer personas de diferentes lugares de la provincia de Celendín participaron en una movilización en esta ciudad con el fin de protestar contra la construcción de la hidroeléctrica Chadin II, el Proyecto Conga y la actitud de los fiscales que, según indican los manifestantes, estarían actuando en contra de quienes se oponen a estos proyectos y que se refleja en una  persecución judicial de la que son víctimas. Luego de la movilización por las calles de esa ciudad, los manifestantes se dirigieron a la fiscalía de Celendín con el fin de buscar ser escuchados por representantes de esta institución.

Como ha informado NoticiasSER.pe sobre este tema en anteriores oportunidades, las comunidades han venido rechazando el proyecto Chadín II porque pretende  represar el río Marañón con un muro de 175 metros de alto, inundando 50 km río arriba y afectando una extensión de más de 3,000 hectáreas de valle, además del caudal del propio rio Marañón. El proyecto también inundaría a comunidades y valles productivos obligando a un desplazamiento forzoso de 1,000 personas.



Resistencia Celendina

Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), en conversación con Noticias SER dijo que hay una persecución judicial contra quienes se oponen al proyecto Conga y contra los que rechazan el proyecto hidroeléctrico Chadín II, por lo que han alzado su voz de protesta en las afueras de la fiscalía. “Hemos tenido una reunión con los fiscales para que cese la persecución policial. Se ha llegado al acuerdo que se respete la jurisdicción rondera”, dijo luego de la movilización de la población a esa institución, en la que fueron custodiados por decenas de policías.

Señaló que sus reclamos van en torno a que cuando estaban realizando protestas contra Yanacocha la policía disparó contra uno de sus compañeros en presencia de un fiscal, pero no lo denunciaron porque corren el peligro que esto vaya en contra de ellos y puedan ser denunciados, explicó.

El representante de la rondas, Roger Ponce, dijo a los fiscales que estas movilizaciones se programaron durante una asamblea de 17 bases del Frente de Defensa de la cuenca del río Jadibamba. En la misma se acordó que se respete el territorio ancestral rondero, así como las funciones jurisdiccionales de las autoridades ronderas y el archivamiento de  todas las denuncias a estos por ejercer funciones jurisdiccionales que solo buscan administrar justicia para buscar la paz social. “Queremos decirle a los señores fiscales que ejercer funciones jurisdiccionales de las rondas no es un delito, es administrar justicia. Según el artículo 149 de la Constitución Política, donde se nos reconoce como autoridades constitucionales, esto nos está facultado. Entonces desde ahora queremos exigir que nos dejen ejercer nuestras funciones jurisdiccionales sin ningún entorpecimiento”, sostuvo.

Respuesta de la fiscalía

El fiscal de Celendín, Ruperto Alcántara, dijo que entiende las causas de las protestas, pero las manifestaciones se deben dar civilizadamente y no con agresiones verbales. Siendo así, estaba dispuesto a escuchar todas las peticiones que tengan “porque esa es la manera democrática de entendernos”. Agregó no tener ningún temor hacia los manifestantes porque son personas que vienen a luchar por su causa que es justa. “Respecto a las peticiones que ustedes vienen haciendo, el Ministerio Público está trabajando dentro de nuestra Constitución y de nuestra ley, para eso estamos acá. Tenemos un rol que cumplir y jamás vamos a estar en contra de las luchas personales, sociales o del pueblo. Lo que venimos es a cumplir un rol de defender la ley, la legalidad de la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos”, dijo.

Luego de esto y otras peticiones de la población, se procedió a dejar en acta lo acontecido.

Entre varios puntos de la misma, se acordó que el Ministerio Público, a través de su representante Ruperto Alcántara, se compromete a respetar la jurisdicción rondera de acuerdo al marco normativo nacional e internacional de las rondas campesinas y pueblos indígenas que está en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, Ley de Rondas Campesinas N° 27908 y el convenio 169 de la OIT. Así también, se hace hincapié en el  artículo 18 inciso 3 del Código Procesal Penal que establece el respeto a los derechos humanos. Asimismo, se comprometen a garantizar que las investigaciones que se hagan sean ajustadas al debido proceso en todos los casos por el conflicto Conga, y el archivamiento de los casos sobre denuncias por ejercer funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas cunado no se encuentran elementos probatorios.


Fuente: www.noticiasser.pe