- El jueves 22 vence plazo para que Estado peruano
informe a la CIDH sobre cumplimiento de medida cautelar a favor de
defensores de las lagunas.
Servindi, 21 de mayo, 2014.- Representantes de las comunidades y
rondas campesinas de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca de
la región Cajamarca pidieron al Ministerio de Justicia y al Procurador
Público Especializado Supranacional cumplir la medida cautelar otorgada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante una comunicación escrita
expresaron su preocupación por que a la fecha el Estado peruano no se
ha comunicado con las personas solicitantes, toda vez que las medidas
deben ser concertadas con ellas.
Los suscritos también manifestaron su malestar por los comunicados
públicos del Ministerio de Justicia y las declaraciones del embajador
del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez
Mayor, que contradicen lo dispuesto por la CIDH.
Tales declaraciones darían a entender que el Estado no quiere acatar
el mandato de la CIDH, lo que constituiría mala fe, en violación de
la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.
Desde entonces, a decir de la CIDH, se han dado “continuos ciclos de
amenazas, hostigamientos y actos de violencia” contra quienes se oponen
a dicho megaproyecto minero.
El plazo vence mañana
La CIDH dio un plazo de 15 días para que el Estado informe sobre las
medidas adoptadas, en concierto con las personas beneficiarias, para
garantizar su vida e integridad, así como para investigar las causas
del riesgo que corren.
El plazo que empezó a correr desde la notificación del otorgamiento
de la medida cautelar y que lleva como fecha el 5 de mayo vence el
jueves 22 de mayo 2014.
La Resolución 9/2014 de la CIDH dispone la protección a favor de 46
líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, la familia
Chaupe, el rondero Luis Mayta, opositores sociales al megaproyecto
minero Conga. La medida también alcanza al comunicador indígena César
Estrada Chuquilín.
La CIDH determinó que la vida e integridad personal de todos ellos se
encuentran en riesgo grave, urgente e irreparable, debido a las
acciones represivas de agentes de la fuerza pública y de la seguridad
privada de la empresa minera Yanacocha.
La medida cautelar fue solicitada por el Pacto de Unidad de
Organizaciones Indígenas cuando el gobierno declaró en 2011 el Estado
de Emergencia en la región de Cajamarca para tratar de imponer por la
fuerza el megaproyecto minero Conga.
El citado proyecto pretende secar cuatro lagunas, cinco ríos y unos
setecientos ojos de agua, lo que tendría un impacto significativo en las
condiciones de vida y subsistencia de las comunidades y rondas
campesinas de la región Cajamarca.
Acceda a la carta de la CUNARC mediante el siguiente enlace:
- Carta Cunarc al Ministerio de Justicia, 19 de mayo 2014 (PDF, 2 páginas)
 |
